Santo Domingo: Esta normativa busca asegurar la protección judicial efectiva de los derechos de las personas en sus interacciones con la Administración Pública, garantizando que todas las acciones, actos, comportamientos o faltas de la Administración Pública se ajusten a la ley del Estado; además, regula la estructura y el funcionamiento de los tribunales que tienen competencia en el área de lo contencioso administrativo, así como el procedimiento contencioso administrativo establecido en la Constitución de la República.
