El Gobierno Español agiliza el régimen para los empleados de hogar sin papeles.
La regulación de los empleados de hogar estará hoy sobre la mesa de Consejo de Ministros. El Gobierno estudiará un decreto ley que modificará la farragosa normativa heredada de los últimos días del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero y que ha provocando inseguridad y muchas dudas entre empleados y empleadores ante la dificultad de su tramitación, el elevado coste económico que supone para ambas partes y la falta de facilidades e incentivos que animen a aflorar el gran volumen de empleo sumergido, muy arraigado en este colectivo. A los casi doce meses de su entrada en vigor, el Ejecutivo modificará el el nuevo sistema precisamente por considerar que no ha servido para reducir la economía sumergida que genera esta actividad.
Los motivos de este fracaso hay que buscarlos en la complejidad burocrática que supone la regulación, en especial para los empleadores y su difícil gestión, sobre todo para las personas de más edad, así como el incremento del coste en cotizaciones que supone para los hogares.
La integración de los empleados del hogar en el régimen general responde a una recomendación del Pacto de Toledo, en la que se aseguraba que los distintos regímenes de la Seguridad Social deben quedar reducidos a uno para trabajadores por cuenta ajena y otro para trabajadores por cuenta propia. Pero su regulación se hizo corriendo y deprisa; fue la última herencia del entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y su puesta en marcha ha ocasionado más de un problema.
La norma actual reconoce que a cualquier trabajador doméstico el derecho a un contrato escrito y que su retribución debe equipararse, al menos, al salario mínimo (641,41 euros al mes). Además, las familias deberán cotizar por su empleadas de hogar desde la primera hora trabajada, frente al modelo anterior, que solo obligaba a partir de veinte horas semanales.
Este último requisito de cotización es quizá el que más dudas e inseguridad está planteando en la aplicación de la ley, sobre todo para aquellos empleados del hogar que trabajen en varios hogares y deben ser dados de alta desde la primera hora, lo que, en la práctica, está retrasando el cambio de un régimen a otro por la complejidad del proceso. Evitar que el peso de la cotización recaiga solo en una parte es también el propósito de las modificaciones incluidas en la nueva norma. Entre las medidas figura que esa obligación de cotización no recaiga solo en el empleador, que el empleado también se involucre en esa obligación que tiene como trabajador a darse de alta en la Seguridad Social.
Una normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero y que ha provocando inseguridad y muchas dudas entre empleados y empleadores ante la dificultad de su tramitación, el elevado coste económico que supone para ambas partes y la falta de facilidades e incentivos que animen a aflorar el gran volumen de empleo sumergido, muy arraigado en este colectivo. A los casi doce meses de su entrada en vigor, el Ejecutivo modificará el el nuevo sistema precisamente por considerar que no ha servido para reducir la economía sumergida que genera esta actividad.
Los motivos de este fracaso hay que buscarlos en la complejidad burocrática que supone la regulación, en especial para los empleadores y su difícil gestión, sobre todo para las personas de más edad, así como el incremento del coste en cotizaciones que supone para los hogares.
La integración de los empleados del hogar en el régimen general responde a una recomendación del Pacto de Toledo, en la que se aseguraba que los distintos regímenes de la Seguridad Social deben quedar reducidos a uno para trabajadores por cuenta ajena y otro para trabajadores por cuenta propia. Pero su regulación se hizo corriendo y deprisa; fue la última herencia del entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y su puesta en marcha ha ocasionado más de un problema.
La norma actual reconoce que a cualquier trabajador doméstico el derecho a un contrato escrito y que su retribución debe equipararse, al menos, al salario mínimo (641,41 euros al mes). Además, las familias deberán cotizar por su empleadas de hogar desde la primera hora trabajada, frente al modelo anterior, que solo obligaba a partir de veinte horas semanales.
Este último requisito de cotización es quizá el que más dudas e inseguridad está planteando en la aplicación de la ley, sobre todo para aquellos empleados del hogar que trabajen en varios hogares y deben ser dados de alta desde la primera hora, lo que, en la práctica, está retrasando el cambio de un régimen a otro por la complejidad del proceso. Evitar que el peso de la cotización recaiga solo en una parte es también el propósito de las modificaciones incluidas en la nueva norma. Entre las medidas figura que esa obligación de cotización no recaiga solo en el empleador, que el empleado también se involucre en esa obligación que tiene como trabajador a darse de alta en la Seguridad Social.
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