Desconocen cuál será el destino de los estudiantes. Rector detenido por sobornos.
El Consejo Nacional de Educación, CNED, cerró el miércoles la Universidad del Mar por la mala educación que impartía y por lucrar con la enseñanza y sus 18.000 alumnos, lo que también constituye un triunfo del poderoso movimiento estudiantil que estalló en mayo del año pasado.
La Universidad del Mar fue despojada de su reconocimiento legal, que le permitía impartir clases, "por incumplimiento de objetivos estatutarios y de infracción grave a sus estatutos", informó el presidente del Consejo, Ignacio Irarrázabal. Otras dos universidades están en la mira del CNED básicamente por lucrar con la educación y por la mala calidad de la enseñanza que imparten. Además, pesa sobre ellas, al igual que sobre la Universidad del Mar, la sospecha de que la acreditación de sus carreras y programas de estudio por parte del mismo CNED fue obtenido en forma fraudulenta.
Uno de sus ex rectores está procesado y detenido por presuntamente sobornar al ex presidente del CNED, Eugenio Díaz. El cierre del plantel fue solicitado por el Ministerio de Educación, en medio de un escándalo que estalló a fines de mayo último, cuando su propio rector, el ex diputado derechista Raúl Urrutia, denunció las irregularidades en su carta de renuncia.
Los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga; de la Universidad del Mar, Angel Maulén, y el ex presidente del CNED, Luis Eugenio Díaz, están procesados por las irregularidades al interior del consejo y de las universidades privadas. Mario Waissbluth, coordinador nacional del organismo Educación 20/20, advirtió que: "Si el gobierno dice muy suelto de cuerpo, 'a la universidad que no pase la acreditación se le quita la posibilidad de hacer clases', vamos a terminar, literalmente, con cientos de miles de estudiantes dejados en la calle". El experto dijo que el proyecto del gobierno debiera ir unido a otro presentado por algunos legisladores oficialistas y de oposición, "que le permita al gobierno intervenir universidades".
La ley que permitió crear universidades privadas fue impuesta en 1981 por la dictadura del general Augusto Pinochet, cuando el poder legislativo seguía disuelto. Sin embargo, la misma normativa precisaba que los planteles superioras no debían lucrar con la enseñanza. La parte referida al lucro fue violada por los directivos de muchas universidades privadas que crearon mecanismos para retirar ganancias, por ejemplo, sociedades inmobiliarias dueñas de edificios que arriendan a las mismas universidades de las que son dueños. Ni los gobiernos de centroizquierda ni el actual fiscalizaron el lucro en las universidades.
La Universidad del Mar fue despojada de su reconocimiento legal, que le permitía impartir clases, "por incumplimiento de objetivos estatutarios y de infracción grave a sus estatutos", informó el presidente del Consejo, Ignacio Irarrázabal. Otras dos universidades están en la mira del CNED básicamente por lucrar con la educación y por la mala calidad de la enseñanza que imparten. Además, pesa sobre ellas, al igual que sobre la Universidad del Mar, la sospecha de que la acreditación de sus carreras y programas de estudio por parte del mismo CNED fue obtenido en forma fraudulenta.
Uno de sus ex rectores está procesado y detenido por presuntamente sobornar al ex presidente del CNED, Eugenio Díaz. El cierre del plantel fue solicitado por el Ministerio de Educación, en medio de un escándalo que estalló a fines de mayo último, cuando su propio rector, el ex diputado derechista Raúl Urrutia, denunció las irregularidades en su carta de renuncia.
Los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga; de la Universidad del Mar, Angel Maulén, y el ex presidente del CNED, Luis Eugenio Díaz, están procesados por las irregularidades al interior del consejo y de las universidades privadas. Mario Waissbluth, coordinador nacional del organismo Educación 20/20, advirtió que: "Si el gobierno dice muy suelto de cuerpo, 'a la universidad que no pase la acreditación se le quita la posibilidad de hacer clases', vamos a terminar, literalmente, con cientos de miles de estudiantes dejados en la calle". El experto dijo que el proyecto del gobierno debiera ir unido a otro presentado por algunos legisladores oficialistas y de oposición, "que le permita al gobierno intervenir universidades".
La ley que permitió crear universidades privadas fue impuesta en 1981 por la dictadura del general Augusto Pinochet, cuando el poder legislativo seguía disuelto. Sin embargo, la misma normativa precisaba que los planteles superioras no debían lucrar con la enseñanza. La parte referida al lucro fue violada por los directivos de muchas universidades privadas que crearon mecanismos para retirar ganancias, por ejemplo, sociedades inmobiliarias dueñas de edificios que arriendan a las mismas universidades de las que son dueños. Ni los gobiernos de centroizquierda ni el actual fiscalizaron el lucro en las universidades.
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